Un límite

La denuncia interpuesta por Telma Ortiz contra cincuenta medios de comunicación ha vuelto a sacar a la palestra la eterna disputa. Por enésima vez, volvernos a preguntarnos: ¿dónde están los límites entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad?

Es un debate que siempre genera pasiones encontradas, pero que nunca se sitúa en el punto donde debería hallarse. Y es que tras una fuerte eclosión, suele diluirse en los motivos triunfantes del dinero. Porque no nos olvidemos: hay quien gana una buena fortuna con este próspero negocio de la llamada “prensa del corazón”, que no es otra cosa que vender un tipo peculiar de entretenimiento con, dependiendo del caso, una más o menos dosis de mal gusto. Producto que se compra, vaya si se compra. De no ser así, no se vendería.

No voy a poner aquí en cuestión el trabajo que realizan los profesionales de esa prensa a la que hacíamos mención antes. Como en todo, hay que saber distinguir el grano de la paja. Por suerte, tenemos ya suficiente experiencia para reconocer dónde está la paja. De nuevo, estamos ante un caso que afecta a la misma esencia de esta vieja tarea de informar: ¿qué es periodismo?

Es cierto que el oficio periodístico abarca un sinfín de desempeños. Hace periodismo quien escribe un editorial en el New York Times, quien trabaja en un periódico local, quien dirige un programa de radio, quien realiza un reportaje en una zona en conflicto, y también, aunque con matices, quien forma parte de un programa de entretenimiento. Pero cuando los medios demandados por Telma Ortiz se defienden apoyándose en el derecho a la información, conviene detenerse, y de una vez por todas fijar cotos a los conceptos. Esto no es un campo infinito, sin barreras de ninguna clase.

La fiscalía echa mano de una anterior sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se establecía que “quien entra voluntariamente en la escena pública no puede pretender ser una persona con derecho al anonimato”. Desde luego, no se puede decir que no esté bien traída la referencia. Pero denota cierta maldad. No sirve para hablar del caso de Ortiz. Ella no ha pedido entrar en la notoriedad pública. Ha venido por accidente, pues es la hermana de la princesa, y probablemente futura reina de España.

En los últimos años, y especialmente a raíz del éxito de ciertos programas televisivos, se ha extendido la idea entre los espectadores y las productoras de televisión, de que todo vale. El problema es que hay muchos personajes famosos que se han lucrado con esta carrera sin freno hacia el despropósito. A ellos se refiere el Tribunal Europeo, a quienes han conseguido crear confusión en torno al concepto de interés público. Y por ellos se entiende que deban pagar otros, que otros también deban entrar en el juego. Pero afortunadamente no es así.

¿Derecho a la información? No, en esta ocasión nadie está intentando atentar contra él. Dejemos esta causa para otras batallas más justas. Ya está bien de complacencia. Y, aunque consciente de que no sea una opinión políticamente correcta, me alegro del paso adelante dado por Ortiz. En un asunto en el que no está previsto lograr un acuerdo, por los muchos intereses que se cruzan, la única manera de llegar a una solución será sentando jurisprudencia. Poco a poco nos iremos entendiendo. Carolina Pina, abogada y socia del despacho de Garrigues, declaraba a El País el pasado 11 de mayo: "La libertad de prensa y el derecho de información son indiscutibles y están recogidos en los textos constitucionales. Lo que estos derechos protegen es la información de interés general, pero no otras modalidades de comunicación que vulneran la intimidad de las personas".

Todas las personas tienen derecho a que no se vulnere su espacio íntimo. Les ampara la ley. Otra cosa es que determinadas personas acepten que su vida privada se convierta en un producto más de consumo, e incluso reciban dinero por ello. Pero habrá que respetar a quien desee mantenerse al margen de este espectáculo.